Weaponized racism

En los últimos años, España ha sido escenario de un recrudecimiento preocupante del racismo estructural, que ha dejado de ser un prejuicio latente para exhibirse con creciente agresividad en el espacio público. Este fenómeno se alimenta de un discurso del odio que, bajo la retórica de la seguridad, la defensa cultural o el control migratorio, gana legitimidad y se normaliza en el debate político y mediático.

Lejos de ser marginal, este racismo se ha convertido en un instrumento de algunos partidos para canalizar el malestar social, exacerbando la polarización y consolidando la idea de que la diversidad constituye una amenaza. Las campañas que asocian inmigración con delincuencia, el señalamiento de comunidades enteras (desde el pueblo gitano hasta las personas de origen magrebí) o la tolerancia hacia agresiones verbales y físicas, muestran cómo se refuerzan desigualdades y estigmatizaciones.

La deshumanización de inmigrantes, reducidos a cifras, amenazas o caricaturas ideológicas, abre la puerta a medidas que recortan derechos fundamentales: limitaciones en el acceso a la vivienda y al empleo, vetos a expresiones culturales o religiosas, o prácticas policiales de perfil étnico que consolidan la exclusión. En este contexto, el racismo deja de ser un residuo social para integrarse como un mecanismo de control.

El riesgo es que la violencia racista no provenga solo de individuos extremistas, sino también de instituciones que, por acción u omisión, permite que estos discursos prosperen. Cuando líderes políticos repiten mensajes que asocian diversidad con riesgo, o se minimiza la gravedad de ataques xenófobos, se legitima un clima en el que el odio se percibe como aceptable. Así, el uso calculado del racismo como estrategia de poder no solo erosiona la cohesión social, sino que alimenta una fractura cada vez más profunda.