Complex disparity

España, por primera vez, lidera las estadísticas europeas de riesgo de pobreza para sus ciudadanos más jóvenes. Un 27,85% de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país están en riesgo de pobreza, viviendo en hogares cuyos ingresos están muy por debajo de la media. Y casi uno de cada tres (un 32,2%) están en riesgo de pobreza o exclusión social, en los que la privación material o el desempleo se unen a los bajos ingresos. La pobreza infantil está muy por encima de la pobreza del conjunto de la población y se mantiene en tasas de las que no podemos estar orgullosos desde hace demasiado tiempo.

Para un niño o una niña, estar en situación de pobreza en un país como el nuestro no supone solo renunciar a determinados gastos, sino poner en peligro sus derechos. La pobreza supone tener una peor alimentación y salud, lo que a su vez compromete el desarrollo físico y mental. Asimismo, también está fuertemente asociada a un peor logro educativo, a menos ingresos en la edad adulta y una peor satisfacción con su propia vida.

Pero, además de una vulneración de los derechos individuales, la pobreza infantil tiene un coste económico y social enorme. Un estudio del Alto Comisionado estima en 63.000 millones anuales el coste de no haber atendido estas situaciones en el pasado. Es decir, la pobreza infantil no solo se constituye como una vulneración de derechos, sino que pone en cuestión la sostenibilidad económica y social en el medio y largo plazo. El dejar fuera del progreso económico y social a un grupo tan grande de población en un momento clave de su desarrollo o que tener hijos aumente el riesgo de una familia de estar en la pobreza no es ni justo ni inteligente.

Para UNICEF, la lucha contra la pobreza y por la inversión en infancia es una de las prioridades en todo el mundo. En España también. Tenemos un enorme desafío con la pobreza infantil y el apoyo a la crianza en el que muchos países de nuestro entorno han avanzado mucho más. Por ejemplo, con generosas políticas de prestaciones, garantizando el acceso a servicios clave (educación de 0 a 3 años), facilitando la conciliación o incorporando la voz de los niños y niñas en el debate público. UNICEF España trabaja promoviendo la mejora de las políticas públicas de protección social de la infancia poniendo su foco en los niños y niñas que más lo necesitan.